Editorial

Manuel Hernández Vázquez 

Universidad Politécnica de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF. Departamento de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Deporte y el Ocio.

e-mail: museodeljuego@gmail.com

El desarrollo del constitucionalismo a nivel europeo y el de los estados democráticos modernos, surge como reflejo del pensamiento racionalista y como reacción frente al poder absolutista. A través de las dos grandes Declaraciones del Derecho de la segunda mitad del siglo XVIII: la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia,1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,1789, el movimiento constitucional europeo del siglo XIX hará suyas ambas declaraciones, insertando en sus textos, una relación de derechos y libertades individuales, considerados por Artola (1994), como la Primera Generación de los Derechos Humanos: derecho a la vida, derecho a la intimidad, inviolabilidad personal, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad, libertad de expresión, de opinión, de pensamiento, de reunión, libertad de circulación y residencia, etc. Posteriormente, la Segunda Generación de Derechos, nace como consecuencia de la revolución liberal que universaliza las leyes del mercado, creando una gran movilidad social que fue configurando una sociedad clasista, siendo la Constitución de Weimar (1919), después de la Primera Guerra Mundial, la que recoge estos derechos sociales: existencia digna, obligaciones sociales de la propiedad, vivienda salubre, patrimonio familiar, protección de la mano de obra, seguros sociales. Es a partir de los años 50 del siglo pasado cuando se va consolidando la Tercera Generación de Derechos Humanos, llamados también Derechos de Solidaridad que incluye la protección del medio ambiente, el derecho a la paz, la cooperación al desarrollo de los estados menos favorecidos del Planeta y el derecho al ocio, como elemento primordial del desarrollo personal y colectivo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, las nuevas constituciones europeas dieron cabida a estos derechos, apareciendo lo que conocemos como los Estados Sociales, Democráticos de Derecho. A nivel internacional, se proclama por la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que supone un importante avance en este sentido y se implanta de forma generalizada en Europa el Estado social (universalización de la Seguridad social). La Ley fundamental de Bonn, acuñó la expresión de Estado Social de Derecho, que sintetiza el respeto al Estado de Derecho y el respeto a los derechos inalienables de la persona y a la visión social del Estado.

En el caso de España, la democracia se consolida con la promulgación del la Constitución de 1978 donde se universaliza la Seguridad Social, se pone en marcha los sistemas públicos de protección social y comienza a desarrollarse con gran fuerza la sociedad civil, creando estructuras asociativas que tienen como función principal cubrir necesidades sociales, apoyando al Estado en su política.

De acuerdo con la nueva constitución, la estructura del Estado, se cimenta en un sector público fuerte formado por la administraciones públicas, organismos autónomos y empresas públicas, por un sector privado formado por entidades con ánimo de lucro controladas por propietarios privados, es decir por el mercado y un Tercer Sector formado por entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro. Es un nuevo modelo que combina el Estado social y de Derecho, con una sociedad civil ya secularizada y organizada que crea una gran variedad de asociaciones que tienen como objetivo cubrir necesidades básicas desde el punto de vista social y con un mercado libre emergente, donde la empresa privada, surge con fuerza desarrollando actividades, tradicionalmente protagonizadas por el Estado o por entidades sin ánimo de lucro.

Se entiende que un estado democrático y de derecho desarrollado es aquel que mantiene un equilibrio entre estos tres sectores, defendiendo en todo momento sus ámbitos de actuación y que no son otros que aquellos que respetan tanto los derechos individuales, como los sociales y los de solidaridad:

  • Previsión de los ciudadanos frente a situaciones de riesgo (implantación del sistema de la Seguridad Social).
  • Protección frente a los abusos de la contratación y derechos de los consumidores.
  • Integración social frente a situaciones de pobreza o de extrema necesidad. Prestaciones no contributivas, salarios de inserción, servicios sociales. Prestación directa o indirecta de servicios públicos básicos: sanidad, educación, vivienda, etc.
  • Protección laboral frente a situaciones de desigualdad, regulación del mercado laboral, garantías, representación sindical.

Es el estado, quien tiene la responsabilidad de conseguir un equilibrio entre los distintos sectores que forman la sociedad de bienestar, evitando siempre cualquier tipo de desigualdad social o pérdida de alguno de los derechos recogidos en la Constitución Española.

En la actualidad y debido a la crisis económica que estamos viviendo, estamos viendo como se está deteriorando el Estado de Bienestar, y como muchos de los derechos alcanzados a lo largo del siglo XX se están reduciendo y en algunos casos perdiendo.

Las políticas de recortes, impuestas por los partidos conservadores que controlan actualmente el parlamento europeo, van dirigidas a reducir drásticamente los ámbitos de actuación del sector público, en beneficio del sector privado y estamos viendo como, en el caso de nuestro país que, mientras se reparten miles de millones de euros a la banca privada (en algunos casos antiguas cajas de ahorro, entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al tercer sector pero que funcionaron, en la práctica, como empresas privadas, dirigidas por los partidos que ostentaban el poder), se recortan en servicios públicos básicos como sanidad, educación, justicia o prestaciones sociales. O simplemente, se privatizan servicios en los ámbitos señalados que consiguen romper ese principio básico y fundamental que es el de la igualdad de derechos y de oportunidades ante la ley.

Cuando deberíamos estar avanzando en la igualdad, aumentando progresivamente los recursos en educación pública, sanidad y en prestaciones sociales, se promulgan leyes y normas que castigan a los sectores de población mas desfavorecidos y se beneficia de forma generalizada a las clases mas pudientes. Es decir, que en lugar de seguir desarrollando el estado de bienestar, buscando el pleno desarrollo de esos derechos individuales, sociales y solidarios recogidos en nuestra constitución, que son los que realmente nos hacen iguales ante la ley, se menoscaban o se reducen, destruyendo lo conseguido a lo largo muchos años.

Refiriéndonos al ámbito de la educación pública, imprescindible para el desarrollo de un estado moderno y democrático, no solo no habría que haber recortado recursos, sino que se deberían aumentar, dada su importancia, tanto en cantidad como en calidad para conseguir el principio universal de la igualdad de oportunidades y conseguir que los mejores talentos sean los que accedan a la Universidad.

Dentro de esas políticas de recortes, las universidades públicas también están sufriendo un deterioro progresivo y concretamente dentro de sus ámbitos de actuación, es la investigación la que está pasando sus peores momentos, cuando por fin se había conseguido encauzarla y su desarrollo era evidente en la mayoría de las universidades. No podemos olvidar que entre las funciones de la Universidad, el profesorado tiene la misión de actuar, no solo como docentes, sino también como investigadores. La investigación mantiene al profesorado actualizado científicamente, renovando conocimientos y fomentando la inquietud hacia el saber científico. Es cierto que la investigación científica requiere grandes recursos que si no se tienen se convierte en inviable. En este sentido, tenemos que denunciar, que los recortes llevados a cabo a las universidades públicas, en estos últimos años están poniendo en grave riesgo todo el trabajo desarrollado en el campo de la investigación científica en las últimas décadas. No se puede entender la educación universitaria sin el binomio docencia/investigación, ambas actividades son imprescindibles ya que los conocimientos adquiridos en el ejercicio de la investigación redundan en la calidad docente.

Es necesario transmitir a los responsables políticos que lo que distingue al profesor universitario de otros niveles educativos, es su imprescindible dedicación a la investigación y que si no se investiga y solo se transmiten conocimientos, no se pueden desarrollar las capacidades creativas y la capacidad de análisis crítico de los estudiantes que hacen que se conviertan en buenos profesionales, emprendedores y con iniciativas para crear nuevos proyectos.

 

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